Las políticas antiterroristas implementadas por Estados Unidos como consecuencia de los ataques sufridos en septiembre de 2001 absorbieron varias áreas de gobierno al interior del recientemente creado Departamento de Seguridad Nacional (DHS), la autoridad migratoria quedó así subsumida conceptual y orgánicamente en la órbita de la seguridad y la defensa nacional con las que nunca se había relacionado. Las políticas migratorias se tornaron altamente restrictivas, considerando al inmigrante en situación irregular como una potencial amenaza para la seguridad. El rechazo social hacia el residente indocumentado crece influenciado por los medios de comunicación conservadores que, en base a prejuiciosas falacias, coadyuvan en la formación de una cultura de exclusión que promueve y justifica la aprobación de leyes estatales tendientes a impedir la llegada y estancia en su territorio de residentes indocumentados. Estas leyes que responden a motivaciones de oportunidad política y se caracterizan por ser puramente coyunturales, crean marginalidad, tensión social e inseguridad. Es decir, producen efectos contrarios a los que se proponen y causan daño tanto a la comunidad inmigrante como a la sociedad en su conjunto. Varias de estas normas fueron aprobadas por el estado de Utah, institucionalizando la cultura de la exclusión contra la inmigración irregular.
Este trabajo se propone como objetivo general, delimitar el fenómeno de intolerancia social y valorar sus efectos dañinos sobre la comunidad indocumentada del estado. Para ello, se analiza el grado de marginalidad de la comunidad indocumentada aplicando una metodología de análisis de casos y analizando factores de exclusión en el ámbito del empleo, la salud y la integración social. Se sugiere la implementación de políticas inclusivas que permitan la integración social y el desarrollo humano de los grupos actualmente marginados.
The anti-terrorist policies implemented by the United States as consequence of the attacks suffered in September 2001, absorbed several areas of government within the newly created Department of Homeland Security (DHS). The immigration authority was thus conceptually and organically subsumed into the DHS and become associated with national defense, with which it had not been linked previously. Migration policies became highly restrictive, considering the immigrant in an irregular situation as a potential threat to security. The social rejection towards the undocumented resident grows through conservative media influence that, based on prejudiced fallacies, contribute to the formation of a culture of exclusion that promotes and justifies the approval of state laws tending to prevent the arrival and stay of undocumented residents. These laws that respond to politically opportunistic motivations and are purely conjunctural create marginality, social tension, and insecurity. They produce effects contrary to those proposed and cause damage to both, the immigrant community and society as a whole. Some of them were approved by the State of Utah institutionalizing the culture of exclusion against irregular immigration.
This work’s main objective is to delimit the phenomenon of social intolerance and assess its harmful effects on the undocumented community of the state, by analyzing the degree of marginality of the undocumented community through the application of case analysis methodology and analyzing factors of exclusion in the field of employment, health, and social integration. It suggests the implementation of inclusive policies that allow social integration and human development of currently marginalized groups.