La tesis analiza en qué medida la reforma de armonización legislativa de 2020 en materia de infancia migrante en México –orientada a garantizar el interés superior mediante la adecuación del marco migratorio al sistema de protección integral– ha contribuido a la protección efectiva de los derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (NNA) migrantes. La reforma prohibió la detención migratoria de NNA y redefinió la respuesta estatal, trasladando su atención a los Sistemas DIF y a las Procuradurías de Protección. El estudio articula el enfoque de derechos de la niñez con el de capacidades estatales.
Se emplea una metodología cuantitativa longitudinal y retrospectiva basada en registros administrativos oficiales del periodo 2020–2023. Se aplican modelos de series de tiempo interrumpidas, análisis de duración y regresiones logísticas con efectos fijos por entidad federativa para evaluar cambios en el cumplimiento normativo, los tiempos de resolución de los procedimientos administrativos migratorios, el tipo de resoluciones emitidas y la persistencia de trayectorias migratorias recurrentes.
Los resultados muestran una transformación inmediata y sostenida en el cumplimiento de la prohibición de detención y una reducción significativa en los tiempos de resolución. Sin embargo, se observa una disminución en la probabilidad de obtener una resolución jurídica favorable durante los primeros años de implementación y un aumento en la persistencia de trayectorias migratorias recurrentes. La reforma generó avances formales relevantes, pero enfrenta límites para asegurar salidas jurídicas favorables y soluciones duraderas de protección.
This dissertation examines the extent to which Mexico’s 2020 legislative harmonization reform on migrant children –aimed at safeguarding the best interests of the child by aligning migration law with the child protection system– has contributed to the effective protection of the rights of migrant children and adolescents. The reform prohibited the immigration detention of children and adolescents and redefined the state’s response by transferring their care to the child welfare system (Sistema DIF) and the involvement of Child Protection Prosecutors (Procuradurías de Protección). The analysis integrates a child rights framework with a state capacity approach.
The study employs a longitudinal and retrospective quantitative design based on official administrative records from 2020 to 2023. It applies interrupted time series models, survival analysis, and logistic regressions with state fixed effects to assess changes in legal compliance, the duration of migration procedures, the types of decisions issued, and the recurrence of migratory trajectories.
The findings show an immediate and sustained shift in compliance with the detention ban, along with a significant reduction in processing times. However, the likelihood of favorable legal outcomes declined during the initial years of implementation, and repeated migration trajectories increased. Overall, while the reform produced meaningful formal advances, it faces important limitations in securing favorable legal outcomes and durable protection solutions.