En los últimos años, el Estado mexicano ha enfrentado el reto de brindar atención a la población en movilidad que requiere protección internacional. Solicitudes que han presentado un crecimiento sostenido, entre los que se incluyen niñas, niños y adolescentes en condición de no acompañados.
En esa coyuntura, la ciudad de Tapachula, Chiapas, a pocos kilómetros de la frontera entre México y Guatemala se ha convertido en el punto que concentra la mayor recepción de solicitudes de refugio por la cercanía geográfica con frontera sur y por la presencia de sociedad civil y de organismos internacionales que buscan brindar orientación y asistencia a quienes buscan el refugio en el país. A finales de 2020, se publicó el Decreto por el que se reforman diversos artículos de la Ley de Migración y de la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político en materia de Infancia Migrante con el objetivo de diferencias y ponderar los procesos de refugio que involucran a niñas, niños y adolescentes. Sin embargo, considerando las limitaciones presupuestales, de recursos humanos y materiales de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) y de otras dependencias responsables de brindar atención a este grupo de población, los retos en la atención están en buena medida, todavía por resolverse. A partir de lo anterior, a través de una metodología mixta y de un diseño de evaluación propio sustentado en la legislación y en el programa operativo gubernamental para la protección integral de los derechos de NNA en movilidad, la investigación buscó evaluar los procesos de atención a niñas, niños y adolescentes no acompañados solicitantes del reconocimiento de la condición de refugiado/a y refugiados/as, teniendo como caso las condiciones de Tapachula, Chiapas.
In recent years, the Mexican State has faced the challenge of providing care to the population in mobility that requires international protection. Applications that have presented a sustained growth, including unaccompanied children.
At this juncture, the city of Tapachula, Chiapas, a few kilometers from the border between Mexico and Guatemala, has become the point that concentrates the largest number of refugee applications due to its geographical proximity to the southern border and the presence of civil society and international organizations that seek to provide guidance and assistance to those seeking refuge in the country. At the end of 2020, the Decree that amends various articles of the Migration Law and the Law on Refugees, Complementary Protection and Political Asylum in the matter of Migrant Children was published with the aim of differentiating and weighing refugee processes involving children. However, considering the budgetary, human and material limitations of the Mexican Commission for Refugee Assistance (COMAR) and other agencies responsible for providing care to this population, the challenges to provide care are, to a large extent, still unresolved. Based on the above, through a mixed methodology and an own evaluation design based on the legislation and the government operational program for the comprehensive protection of the rights of migrant children and adolescents, this research sought to evaluate the processes to provide care to unaccompanied children and adolescents requesting recognition of refugee status and refugees, taking as a case study the conditions at Tapachula, Chiapas.