El objetivo de la tesis es explicar cuáles han sido las condiciones y dificultades para aplicar la Alerta de Violencia de Género en el estado de Chihuahua y en el Estado de México, desde los contextos de significación y la perspectiva de las organizaciones de la sociedad civil y los funcionarios públicos. Desde el punto de vista teórico, el problema de estudio se aborda con un enfoque constructivista de la realidad. Para ello, se empleó una metodología cualitativa, mediante entrevistas abiertas y observación participante a los actores que accionaron los procesos de política pública. Los principales resultados permiten establecer que la Alerta de Violencia de Género es compleja, y en la práctica se ha burocratizado y politizado su procedimiento. Las actoras sociales y gubernamentales tienen interpretaciones diferentes sobre los conceptos centrales para su procedencia y aplicación. Las organizaciones de mujeres y feministas de Ciudad Juárez y de Chihuahua no lograron consensos para presentar una solicitud de Alerta de Violencia de Género, y tampoco el apoyo de los poderes públicos locales. Por su parte, las organizaciones comunitarias del Estado de México se aliaron con organizaciones nacionales en el Distrito Federal, para demandar la aplicación de la Alerta de Violencia de Género. La solicitud presentada cumple todos los requisitos para iniciar la investigación y conformar el grupo interinstitucional y multidisciplinario que la llevaría a cabo. Sin embargo, la mayoría de las actoras del Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres votaron en contra. Además, no aplicaron los conceptos de derechos humanos de las mujeres y respondieron a las jerarquías gubernamentales, así como a la influencia partidista en la toma de decisiones, lo que generó una subordinación del proceso a la coyuntura política.
The goal of the research is to explain the elements that obstruct the application of the Gender Violence Alert in Chihuahua and the State of Mexico, from the context of meaning of social organizations and public officials. From a theoretical standpoint, the approach is from the constructivist construction of reality. For this purpose, it was applied a qualitative methodology, through open interviews and observation of the actors that directly participated in the public policy procedures. The main results establish that the Gender Violence Alert is complex, and in practice the procedure has been bureaucratized and politicized. The decision making and social actors have different interpretations of the main concepts and procedures. There was a lack of consensus between women organizations in Ciudad Juárez and Chihuahua, and lack of support from local authorities. However, the Estado de México community organizations and national organizations in the Distrito Federal, made an alliance to demand de application of the Gender Violence Alert. The document covered all the legal requirements for the conformation of the inter-institutional and multidisciplinary investigation team. Notwithstanding, the majority of the public policy actors of the National System to Prevent, Attend, Punishment y la Eradicate Violence against Women didn’t apply women human rights concepts and responded to governmental hierarchies, and to the influence of the political party in government which subordinated the decision making process to the political conjuncture.