Este trabajo tiene como objetivo evaluar la capacidad institucional de la Unidad de Investigación de Delitos para Personas Migrantes y en qué medida esta permite garantizar el acceso a la justicia de las personas migrantes víctimas de un delito y sus familiares, desde su creación en el año 2015, hasta el 2021. Para realizar esta evaluación se utilizó una la metodología de una investigación empírica por medio de un método mixto preponderantemente cuantitativo para poder definir las unidades de análisis. Los métodos cuantitativos utilizados fueron la estadística descriptiva, la estadística inferencial y el análisis financiero; mientras que, los métodos cualitativos fueron el análisis de texto, normativo y bibliográfico; así como recopilación de datos a través de entrevistas semiestructuradas.
Entre los principales hallazgos se encuentra que, la Unidad cuenta con un mayor número de recursos humanos que el promedio existente en fiscalías a nivel nacional o de América Latina; existe un vasto catálogo legal que le da fundamento a su creación y funcionamiento; cada vez hay más voluntad política por parte de sus miembros para colaborar con la sociedad civil y las víctimas; por el contrario, se constató que cuenta un presupuesto muy reducido para llevar a cabo sus funciones; sus miembros no cuentan con la profesionalización suficiente para realizar sus labores con base a la complejidad de los casos; así como, existe una ineficiente coordinación interinstitucional en sus gestiones.
En conclusión, la Unidad no garantiza el acceso a la justicia a las personas migrantes víctimas de un delito ni a sus familiares, producto de su inoperante capacidad institucional en materia administrativa.
This work aims to evaluate the institutional capacity of the Unit for the Investigation of Crimes for Migrant Persons and to what extent it allows guaranteeing access to justice for migrant victims of a crime and their families, since its creation in 2015 until 2021. To carry out this evaluation, an empirical research methodology was used through a mixed method predominantly quantitative in order to define the units of analysis. The quantitative methods used were descriptive statistics, inferential statistics, and financial analysis; while the qualitative methods were text, normative and bibliographic analysis, and data collection through semi-structured interviews.
Among the main findings is that the Unit has a greater number of human resources than the existing average in prosecutors at the national or Latin American level; there is a vast legal catalogue that gives foundation to its creation and operation; there is more and more political will on the part of its members to collaborate with civil society and victims; on the contrary, it was found that it has a very small budget to carry out its functions; its members do not have sufficient professionalization to carry out their work based on the complexity of the cases; as well as, there is inefficient inter-institutional coordination in its efforts.
In conclusion, the Unit does not guarantee access to justice for migrant victims of a crime or their families, as a result of its inoperative institutional capacity in administrative matters.